Con esta iniciativa se pretende regular la utilización de sistemas de video-vigilancia para mejorar su funcionamiento y proteger la intimidad de todas las personas que puedan verse afectadas por la captación de imágenes y sonidos.

Entre otras cosas, el proyecto establece que las videocámaras solo podrán utilizarse para la preservación de la seguridad pública y la atención de emergencias, respetando el procedimiento indicado para su autorización y colocación, como también que la existencia de videocámaras debe comunicarse a la ciudadanía mediante cartelería adecuada. Además estipula límites en los lugares de colocación y en la captación de sonidos.

La ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor, explicó en la reunión que esta propuesta se enmarca en el paradigma de cuidado y control que viene siguiendo la cartera que conduce, dentro del eje de profesionalización y modernización permanente.

Expresó que “desde 2015, a través del Programa Río Negro Emergencia, se creó el sistema de monitoreo provincial, que fue creciendo exponencialmente en los últimos años”. Agregó que la regulación también incluye la captación de imágenes en general, con los distintos elementos y recursos con los que se fueron dotando a las Fuerzas de Seguridad, como drones o cámaras.

Afirmó que para la redacción se tuvieron en cuenta las experiencias y antecedentes de otras provincias, y que a su vez cuenta con algunos puntos innovadores, que están vinculados a la gestión de la seguridad ciudadana y a la articulación que hace el Ministerio entre lo público y lo privado. En este marco, se propone un Registro Obligatorio de Videocámaras de la Provincia, un Registro Obligatorio de Videocámaras Privadas colocadas en espacios públicos y un Registro Voluntario de Videocámaras Privadas colocadas en espacios privados.

Señaló también que la Provincia tiene 18 centros de monitoreo, con la posibilidad de incorporar 2 más.