Cabe señalar que a finales del año 2022 la justicia declaró que la ordenanza de esa localidad avanza sobre jurisdicción provincial y, por lo tanto, no puede aplicarse.  Desde el Superior Tribunal se señaló que se corrobora la desobediencia de lo dispuesto en la Sentencia 134/22 de este Cuerpo de fecha 21-12-2022, la cual se encuentra firme, que declaró inconstitucionales los art(s). 2° y 3° de la Ordenanza municipal 22/2021 por carecer de competencia para legislar en la materia. Tal decisión, conlleva el cese de su operatividad y la obligación de abstenerse de realizar conductas ancladas en dicha norma.

En virtud de ello se intimó al Intendente Municipal de Chimpay para que en el término de 5 días hábiles proceda conforme a lo expresado en la presente y acredite en estas actuaciones el acatamiento del fallo antes mencionado.

Si el municipio de Chimpay no cumplía con lo solicitado por el superior tribunal de justicia se había dispuesto aplicar las sanciones conminatorias establecidas en el art. 37 del CPCC, a razón de 100 Jus por día, lo que equivale a unos diez mil ochocientos pesos por día de incumplimiento.

Desde el municipio se informo que se retiró el radar, pero entienden que esta es la única medida efectiva que habían tenido para que se respete la velocidad de circulación frente a la localidad, por lo que no se descarta una apelación para que se revea la medida.  Señalaron que quienes respetan la velocidad máxima como marca la ley, nunca tuvieron inconvenientes con el radar, por lo que se entiende que el mismo solo afectaba a quienes no cumplen las normas y circulaban sobre los límites de circulación permitidos al momento de pasar por una zona urbana.