Tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil

Según la acusación fiscal, los hechos fueron tres: el primero habría ocurrido entre septiembre y octubre de 2023, en el lugar donde el hombre se desempeñaba como empleado. “Utilizando su celular, habría ingresado a la red social Facebook y habría publicado y divulgado ocho archivos de video con contenido de ASI”, explicó la fiscal del caso.

“El segundo hecho habría sido entre septiembre de 2023 y enero de 2024, cuando a través de la aplicación Telegram el imputado habría mantenido conversaciones con tres contactos, y habría intercambiado y distribuido aproximadamente 65 videos del mismo contenido”, agregó la representante fiscal.

“El tercer hecho identificado en la investigación fue en el mismo lapso que el anterior, también por Telegram, y se le imputa haber tenido en su poder, con fines inequívocos de distribución, más de 60 archivos de datos (imágenes y videos) con material de ASI”, describió la fiscalía.

La calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal y por la que el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos es la de: “publicación y divulgación de imágenes de material de abuso sexual infantil, distribución, tenencia con fines inequívocos de distribución, todo en concurso real” con afectación de la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, niñas y adolescentes.

Entre el sustento probatorio mencionado se encuentra el reporte internacional recepcionado por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OiTEL), en su carácter de “punto de contacto” de la Provincia de Río Negro, en la “red 24/7” en el marco del Protocolo de Intervención urgente y colaboración recíproca. Además, el informe del prestador del servicio de internet de la empresa en donde trabajaba el imputado, los informes del Cuerpo de Investigación Judicial de la policía de Río Negro, el acta de allanamiento y el secuestro de elementos de interés para el legajo, la extracción forense de donde surgió información relevante y de interés respecto del hecho investigado.

La fiscalía mencionó, además, que entre la prueba que resta por producir se encuentra la pericia que realizará el Cuerpo de Investigación Forense respecto de la edad aproximada que tendrían las víctimas que aparecen en lo analizado.

Por su parte, la defensa particular que asiste al imputado explicó que presentarán una teoría del caso diferente a la fiscalía.

Finalmente, el juez de Garantías interviniente en la audiencia, tuvo por formulados los cargos en los mismos términos que lo requirió el Ministerio Público Fiscal, así mismo resolvió que el plazo de investigación penal preparatoria se extienda por el plazo de 4 meses.