La defensa pública penal solicitó la revisión de la medida en el marco legal que así se lo permite, esgrimiendo como argumentos que su asistida en caso de estar a derecho del proceso pero en libertad no podría entorpecer la producción de la prueba.

“Tampoco podría darse a la fuga, ya que sus condiciones personales no se lo permitirían, ella cumple con los requisitos para transcurrir en libertad durante el proceso, ya que se ha conseguido que familiares le brinden un domicilio”, argumentó la defensora.

“Planteamos además como alternativa que la señora realice presentaciones personales en la Comisaría de la localidad y proponemos la prohibición de acercamiento a quienes son querellantes”, agregó.

El equipo fiscal por su parte se opuso al pedido de la defensa, ya que para esta parte “el riesgo procesal no ha cambiado, persiste a la fecha, y consiste en el eventual entorpecimiento al accionar de la justicia”.

“En primer lugar porque seguimos sosteniendo que la señora ha tenido una participación activa en este evento, ya sea colaborando, cooperando con los imputados, antes, durante y después de este hecho. En caso de recaer condena, la fiscalía sabe que no será posible que sea de cumplimiento condicional”, enfatizaron.

“Durante estas semanas, la situación de la señora ha empeorado, a medida que se van juntando evidencias se va reforzando la teoría del caso fiscal. Es verdad que tiene vínculos afectivos, en Choele, como también hemos podido corroborar que en el domicilio donde vivía había sido alquilado sólo 9 días antes. Podemos verificar que en el lugar donde trabajaba, en menos de 6 meses ha brindado a su empleador más de 12 teléfonos distintos para que se comuniquen con ella. Entre esto y más, es que la hipótesis por parte de esta fiscalía en relación a la participación de esta mujer en el hecho se ha ido afianzando”, subrayó el Ministerio Público Fiscal.

La fiscal explicó que “es denodado el esfuerzo que se está realizando por parte de los equipos técnicos del Ministerio Público para poder recabar información que la señora y sus consortes de causa han intentando borrar de los dispositivos electrónicos”.

“Estamos intentando dar con el botín, que se alzó a 200 mil pesos, más dos teléfonos celulares, un arma blanca, y una mochila que aparece en las cámaras y en el recorrido que se ha podido re-construir y que habría sido el realizado por los autores del hecho”, dijo la fiscal.

“Nos dicen que la señora tiene miedo, por ella, por su familia, por sus allegados, ¿qué queda para la víctima testigo del hecho? Está interviniendo la Oficina de Atención a la Víctima, la joven sufre aún el stress que tuvo que atravesar durante este hecho y los días que siguen”, argumentó la fiscalía.

El fiscal jefe agregó que además restan concretar pruebas de ADN y pruebas de balística. “Por todo ello es que solicitamos que la medida continúe tal como fue esgrimida en la audiencia de formulación de cargos oportunamente”.

Por su parte, la querella agregó datos “por los que creemos que estamos ante una asociación diseñada para delinquir, y acompañamos el pedido fiscal de confirmación de la preventiva”.

Por su parte, el juez interviniente dijo que “pocas veces desde que soy juez he tenido tantos elementos de peso para confirmar una prisión preventiva. El delito que se le ha enrostrado a esta señora es el de encubrimiento de un delito grave, que tiene como máxima 6 años de pena. Además resultan insuficientes otras medidas cautelares para levantar la presente preventinva”.

De esta manera se confirmó la medida cautelar que viene cumpliendo la imputada por el plazo de 6 meses desde que se le formularon los cargos.