Legisladores del Frente de Todos presentaron la semana pasada un proyecto de Ley que busca ampliar la oferta de viviendas en alquiler permanente en Río Negro. De resultar aprobada, la iniciativa implicaría una intervención directa del Estado en un mercado inmobiliario cada vez más estrecho, en el que los propietarios prefieren los mucho más rentables alquileres temporarios, y como consecuencia, el acceso a una vivienda estable resulta sumamente complejo.

Se propone el cobro de un adicional sobre el impuesto inmobiliario para aquellos propietarios con viviendas vacías -conforme lo establecido en el Código Fiscal- equiparándolo con la figura de “personas ausentes” ya vigente en las leyes impositivas. A la vez, bonifica en un 50% a quienes incorporen al mercado propiedades en alquiler para vivienda permanente.

“Consideramos que un sistema mixto, que grave el capital inmobiliario ocioso, por un lado, pero que previamente a través de incentivos fiscales promueva la incorporación de este capital a la dinámica del mercado de alquileres, es la mejor opción a fin de conseguir resultados concretos”, sostuvo la presidenta del bloque, María Eugenia Martini, quien es autora de la iniciativa junto a su par, Luis Noale.

Se entiende como “viviendas vacías” a toda edificación susceptible de ser habitada de manera temporal o permanente, que se encuentren desocupadas por más de un año sin causa justificada.

El proyecto define el derecho a la vivienda como un derecho humano, y señala que “en nuestra provincia, el acceso a la vivienda se ha visto fuertemente comprometido por la falta de disponibilidad de inmuebles para alquileres permanentes. La situación habitacional es crítica sobre todo en ciudades turísticas en las que la dinámica económica no favorece la oferta de este tipo de locaciones”.

“Esta situación se ve agravada por la gran cantidad de personas que han decidido establecerse en las ciudades patagónicas, durante y a posteriori de la Pandemia del Covid 19”, dice el texto, en “un contexto mayor que está dado por una crisis general de acceso a la vivienda propia”.

Si bien no existen datos acabados -algo que se conocerá con el censo nacional este año–, de la Encuesta Permanente de Hogares del 2020 surge que el 19,7 % de los hogares alquila la vivienda. Este porcentaje representa al 16,8 % de los argentinos y argentinas.

De este universo, el 30,4 % de los hogares inquilinos, no tiene contrato escrito. Más del 70% de los inquilinos no tienen expectativas de poder acceder a la vivienda propia, y este porcentaje se eleva a más del 80% entre los que hace más de 10 años que alquilan. Un alquiler promedio de 3 ambientes ronda el 55% del salario promedio de un trabajador estable, y cerca del 140% de un salario mínimo.

En Bariloche -ciudad con la mayor densidad poblacional de la provincia– cerca del 25% de los habitantes vive en casas o departamentos alquilados -a tono con la media de las grandes ciudades del país-, y la porción del salario destinado al pago de la renta ronda el 58% en promedio. La problemática se observa también en San Antonio Oeste, donde cada vez los valores de la renta son más elevados y la oferta más restringida. El mismo proceso se replica en diversas localidades rionegrinas.

“A fin de generar un aporte en la solución de este acuciante problema se propone en este proyecto estimular el alquiler de las viviendas que se encuentran vacías. En el censo de 2010 se registraron 2.494.618 viviendas desocupadas en todo el país, un 18,1% del total”, recordaron los legisladores. Países como Alemania, Francia, Reino Unido o Uruguay, en la Región, prevén políticas públicas de incentivos y penalizaciones en relación a las viviendas ociosas.

“Este proyecto seguramente no termina con el drama del acceso a la vivienda, pero estamos convencidos de que es una herramienta más en el camino a la solución”, afirmó Martini. Mencionó, entre otras acciones, la modificación a ley de alquileres que impulsa a nivel nacional el diputado José Luis Gioja que propicia beneficios a monotributistas, alquileres sociales, deducciones impositivas, gravámenes a inmuebles deshabitados, exenciones a bienes personales, créditos para la construcción de viviendas de alquiler, entre otras medidas.

“Es clave, además, la articulación entre Municipios, Provincia y Nación para intervenir de manera conjunta en la búsqueda de alternativas para el cumplimiento pleno del derecho al acceso a la vivienda para los rionegrinos y rionegrinas”, concluyó la legisladora.