“En el marco de una discusión que se prolongó alrededor de 9 horas, el imputado insultó y golpeó a la víctima. Producto de eso, ella sufrió heridas caracterizadas como leves”, explicó la fiscal del caso Analía Álvarez.
“Todo ocurrió en un contexto de violencia de género, mediante el ejercicio de violencia tanto física como verbal”, agregó la representante fiscal.
La calificación legal por la cual la fiscalía imputó los delitos es la de “lesiones leves doblemente agravadas por haber sido cometidas por una persona con la que mantiene o ha mantenido relación de pareja y por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”, en calidad de autor, según los Artículos 89, 92, en función del artículo 80, inciso 1.º y 45 del Código Penal con afectación a la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Entre el sustento probatorio mencionado para esta formulación la fiscalía enumeró la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), el informe del Gabinete de Criminalística, entrevistas a testigos y allegados de la víctima, la denuncia penal de la señora.
La fiscalía solicitó prisión preventiva para el hombre teniendo presente el riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación. “Sumado al nivel de conflictividad del vínculo, los indicios de violencia psicológica identificados por la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), la modalidad de violencia física ejercida, la presencia de la hija en común durante el episodio, la condición de vulnerabilidad de la señora”, desarrolló la fiscal.
El defensor penal público que asistió al hombre en la audiencia se opuso a la preventiva teniendo presente que “el imputado fijó un nuevo domicilio en otra localidad, que la asistencia económica para la hija depende de su trabajo casi exclusivamente y que si se encuentra privado de libertad esto se verá afectado. Por ello es que requerimos que alternativamente a la medida más gravosa se le imponga una prohibición de ingreso a la ciudad donde reside la señora como también una prohibición de acercamiento y de ejercer actos molestos por cualquier tipo de medio hacia la mujer”, manifestó Mario Orlandini.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos fiscales y aplicar las medidas esgrimidas por la Defensa
