Según el proyecto, se prohibirá a los proveedores de servicios o comercios requerir la entrega de tarjetas de débito o crédito a los titulares o adicionales para realizar operaciones. Las tarjetas deben ser manipuladas únicamente por los titulares o usuarios a cuyo nombre se han emitido.
El postnet o dispositivo de cobro deberá estar ubicado en un lugar visible que permita su fácil y cómoda utilización de parte del titular de la tarjeta. El proveedor o comercio adherido al sistema de tarjetas de débito o crédito deberá acondicionar, en el plazo de noventa días (90) a partir de la entrada en vigencia de la presente, sus dispositivos de cobro electrónico.
Para realizar una operación comercial, los proveedores de servicios o comercios deberán requerirle al titular que exhiba las tarjetas de modo que puedan verlas adecuadamente para constatar que los datos y la firma contenidos en ellas coincidan con los del documento nacional de identidad de quien las porta.
Elbi Cides (JSRN), uno de los impulsores de la iniciativa, fundamentó que el proyecto busca cubrir vacíos legales en defensa del consumidor. “Nos hemos visto sorprendidos por el incremento de estafas, que traen consecuencias económicas y emocionales en la salud de los usuarios”, explicó. Alejandro Marinao (FdT) también destacó los alcances de la propuesta impulsada por varios autores. Juan Martín (JxC), también se manifestó a favor del proyecto, “convencido de que es necesaria esta regulación”.
