Esta ley regula las actividades vinculadas al acopio, comercialización y transporte de metales no ferrosos. Además, crea el Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos.
También otorga herramientas legales al Ministerio de Seguridad y Justicia, en forma conjunta con la Policía de Río Negro.
El incremento preocupante del robo de cables, transformadores de potencia eléctrica, medidores de agua y actos de vandalismo en cementerios, motivados por la búsqueda de metales como el cobre o el bronce, se incrementó exponencialmente.
Esta problemática, que se ha agudizado tras la pandemia, ha impactado especialmente en el Alto Valle, siendo esta región la más afectada en la provincia. En los primeros seis meses de 2023, se estimó que se sustrajeron alrededor de 10 mil metros de cable de baja tensión y 5 mil de media tensión, además de la destrucción de unos 130 transformadores de potencia. Esta situación no solo interrumpe servicios básicos como electricidad, agua y comunicaciones para los usuarios, sino que también genera pérdidas millonarias para las empresas prestadoras y pone en riesgo vidas humanas debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas.
La legislación reglamentada por el gobernador Alberto Weretilneck abarca aspectos como el acopio, reducción y fundición de metales no ferrosos, así como la regulación de actividades como la compraventa ambulante, desarmaderos, chatarrerías y depósitos. Se establece un Registro Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos bajo la autoridad del Ministerio de Seguridad y Justicia, que es el organismo encargado de su implementación y supervisión.
A partir de esta reglamentacion, el traslado de ese tipo de materiales exige contar con una guía de transporte, que expide la Policía caminera de Río Negro en forma gratuita.
