El protocolo tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el trabajo diario de los operadores judiciales, sin que la tecnología reemplace el juicio humano. Asimismo, se busca mitigar los riesgos asociados con el uso de estas herramientas, tales como la posibilidad de generar contenido incorrecto o sesgado. Se subraya la importancia de que las decisiones judiciales continúen siendo responsabilidad exclusiva de los magistrados y funcionarios, quienes deben realizar un control riguroso de los resultados arrojados por la inteligencia artificial.
Una de las directrices clave del protocolo es la necesidad de validar todo el contenido generado por las herramientas de IAGen, confrontándolo con fuentes confiables y el conocimiento profesional. La Acordada 15/24 también dispone que, para utilizar estas tecnologías en proyectos judiciales laborales, será necesaria una autorización específica del STJ.
Además, el protocolo exige que los datos personales tratados con IAGen sean protegidos y, cuando sea necesario, anonimizados antes de su procesamiento. De esta manera, se garantiza el respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos.
La Acordada 15 también destaca la creación de un plan de capacitación obligatorio para todo el personal judicial, con el fin de asegurar un uso adecuado y consciente de estas herramientas tecnológicas. La formación, que será desarrollada en colaboración con la Dirección General de Sistemas, busca dotar a los usuarios de los conocimientos necesarios sobre las capacidades y limitaciones de la inteligencia artificial generativa.
Con esta iniciativa, el Poder Judicial de Río Negro se suma a una tendencia que busca integrar la inteligencia artificial en procesos judiciales. Hasta el momento solo los poderes judiciales de San Luis y San Juan tienen regulaciones.
