UnTER requiere a la Función Pública y al Ministerio de Educación que se garantice el derecho a la salud de los trabajadores.

Una de las presentaciones, realizada ante la Secretaría de la Función Pública, incluye también el requerimiento para que se tome inmediata intervención y el debido control sobre el ilegal accionar que lleva adelante la empresa Dienst Consulting SA, ante su inobservancia e incumplimiento de normas mínimas de funcionamiento y de contralor, que vulnera de manera sistemática la Res. 233/98, el derecho a la salud y a las licencias médicas consagradas legal y constitucionalmente.

Se solicitó, además, que se instruya y obligue a cualquier profesional que realice las auditorías o contralor médico a respetar la normativa vigente y, asimismo, que se garantice que quienes ejerzan dicha función sean profesionales de la medicina matriculadxs en la provincia de Río Negro, y no la inteligencia artificial.

Lejos de evaluar las patologías denunciadas, valorar los antecedentes médicos, constatar enfermedades de largo tratamiento y controlar prescripciones médicas de cambio de funciones, la implementación del nuevo sistema implica un rechazo automático sin contralor médico, que contradicen las indicaciones y se apartan de las conclusiones/sugerencias de los profesionales de la medicina que tratan a lls pacientes docentes. Omiten merituar que debe existir un dictamen técnico jurídico y con sustento médico fundado.

La función del contralor médico es auditar el justificativo de los profesionales de la salud, no modificar ni ser un limitante a una licencia solicitada. Jamás se puede rechazar una licencia médica sin que un profesional funde el porqué, y mucho menos que lo haga la inteligencia artificial, una computadora que no especifica quién evaluó el trámite, ante la inexistencia de la firma de profesionales, sin una entrevista presencial, y sin la posibilidad de que el/la trabajador/a acuda a otra instancia a revisar tal accionar.

Denuncia en Recursos Humanos
La denuncia presentada en la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos, con copia a las Unidades de Gestión y al Consejo Provincial de Educación, solicita con carácter de urgente que se instruya a todas las Unidades de Gestión a adecuar su funcionamiento a la normativa vigente y que den estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 32° de la Resolución 233/98, que determina los requisitos que deben cumplimentarse en las licencias docentes y ante quién deben presentarse.

Existe una inobservancia sistemática a esta normativa respecto de las funciones de las Unidades de Gestión y nos encontramos con autoridades, funcionarixs y/o agentes que no cumplen con dicha normativa, o se creen hacedores diarios de nuevas legislaciones, y deciden y hacen decir a las normas lo que no dicen, atribuyéndose competencias que no tienen.

De este modo, realizan interpretaciones ilegales que atentan contra el derecho a las licencias y el derecho a la salud de los docentes, produciéndose diversos daños no sólo a los trabajadores sino a la comunidad educativa toda. Delegan todas sus obligaciones y le acuerdan funciones y valor a un sistema de inteligencia artificial, que no fue instituido por paritaria y emanado de resoluciones impugnadas por la UnTER. Obligan a derivar y presentar documentación online ordenando no recibirla en formato papel o negándose a otorgar licencias en los plazos que la Res. 233/98 acuerda con carácter obligatorio.

Se le confiere así autoridad a un sistema ilegalmente instituido por la Secretaría de la Función Pública, que de ninguna manera puede reemplazar la Res. 233/98. Es inconcebible que se rechace documentación y licencias sin el contralor médico, sin fundamentación y que no emanan de los organismos correspondientes.

Los rechazos in límine e infundados de las licencias docentes, el rechazo a recibir documentación dentro del plazo establecido en la 233/98, la omisión de solicitar la autorización de las licencias a las autoridades estipuladas en la resolución mencionada, resultan ilegales, irrazonables y vulneran derechos de las y los docentes.