El objetivo es garantizar una justicia pronta y efectiva, con derecho a doble instancia y efecto devolutivo en resoluciones judiciales. Promueve una administración más equitativa y transparente.
Este proyecto con acuerdos de ministros, que propone la incorporación del artículo 241 bis al Anexo de la Ley P N° 5020, Código Procesal Penal de la provincia, con el fin de establecer que una vez agotadas las instancias de juicio ordinarias y tras la resolución del Tribunal de Impugnación, todos los recursos presentados tengan efecto devolutivo. Esto significa que no se suspenderán los efectos de la condena, permitiendo así su ejecución inmediata.
Después del fallo del Tribunal de Impugnación, que constituye la última instancia ordinaria, resulta inaceptable que los condenados permanezcan en libertad hasta que la Corte Suprema se pronuncie, lo cual puede demorar largos años y no tiene un plazo definido para resolver los recursos extraordinarios federales.
Esta situación implica una inversión de la lógica judicial. Aunque el acusado tiene todas las garantías y el derecho a una doble instancia, es necesario que la pena comience a cumplirse mientras continúan los recursos, si así lo decide. La experiencia muestra que después de que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro se pronuncia y tras años de espera por la Corte, el porcentaje de sentencias revocadas por el máximo tribunal nacional es bajo. Es esencial considerar el impacto en las víctimas, que ven cómo los condenados pueden seguir en libertad durante todo este proceso, incluso después de ser condenados en dos instancias.
El gobernador destacó la importancia de garantizar una justicia pronta y efectiva en la provincia, señalando que el proyecto está en línea con los estándares de derechos humanos establecidos tanto a nivel nacional como internacional. Weretilneck subrayó la necesidad de otorgar a los imputados el derecho a la doble instancia, permitiéndoles impugnar las decisiones judiciales ante un tribunal superior.
El proyecto también contempla conferir efecto devolutivo a las resoluciones del Tribunal de Impugnación y a los recursos que puedan presentar tanto el imputado como el fiscal y el querellante. El objetivo es garantizar una administración de justicia más equitativa y transparente en la provincia de Río Negro.
La presentación del proyecto por parte del gobernador Weretilneck marca un importante paso hacia la mejora del sistema penal en la región y refleja el compromiso del gobierno provincial con la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Se espera que el proyecto sea discutido y eventualmente aprobado en las próximas sesiones legislativas, marcando un hito en el camino hacia una justicia más efectiva en Río Negro.
