Se pretende otorgar mayores facultades a la Policía y a los Jueces de Paz en la resolución de diferentes hechos en una jurisdicción municipal.
Se creará la figura de "demora preventiva" en contexto de flagrancia. Las personas que se encuentren en estado, preparación o comisión de un hecho delictivo pueden ser demorados en el lugar o una dependencia policial. Será por un tiempo mínimo e indispensable, sin excederse de las ocho horas.
Los uniformados se encontrarán autorizados a secuestrar elementos relacionados con la contravención de que se trate (aparatos de telefonía móvil, tablets, computadoras portátiles, inhibidores de alarmas, vehículos y motovehículos). En cualquier otro caso se debe requerir la respectiva orden escrita al Juez o Jueza de Paz.
Con respecto a las medidas cautelares, esos jueces podrán ordenar prohibición de acercamiento, de comunicación y contacto por cualquier medio -incluso telemáticos o a través de redes sociales- de la persona supuestamente agresora con la víctima o testigos, entre otras medidas.
