La Defensora del Pueblo presentó su informe anual 2023/2024 en la Legislatura

El área de Salud Pública volvió a encabezar los reclamos, concentrando un 19% del total. Las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con demoras en la entrega de medicamentos crónicos y oncológicos, y con la falta de prótesis e insumos quirúrgicos, una situación que el organismo atribuye a restricciones presupuestarias y a la falta de previsibilidad en la cadena de suministros.

En cuanto al IPROSS, la Defensoría expresó preocupación por la caída del nivel real de cobertura de medicamentos, que —según el informe— se ubica hoy entre el 9% y el 11%, lejos del 50% que establece la Ley 2.753. Además, se registraron demoras en autorizaciones, trámites administrativos y provisión de prótesis.

El apartado de Salud Mental mostró otra tendencia preocupante: de 461 internaciones registradas, 414 fueron involuntarias, y 120 correspondieron a niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos por episodios vinculados a riesgos autolesivos. El organismo resaltó como un avance la finalización del proceso de cierre de la clínica Valle Sereno.

Servicios públicos: aumentos abruptos y reclamos por facturación
Los servicios públicos fueron uno de los puntos más críticos del informe, especialmente tras los incrementos derivados de las políticas nacionales de desregulación. La Defensoría cuestionó la falta de gradualidad y la ausencia de criterios de equidad territorial.

En gas, registró aumentos que en algunos casos alcanzaron el 486%, perjudicando a hogares y comercios. En electricidad, el 56% de los reclamos se concentró en facturación, segmentación y subas tarifarias. En el servicio de agua, casi la mitad de las quejas estuvieron vinculadas a errores de facturación.

El organismo volvió a pedir una revisión del esquema tarifario y la implementación de un sendero gradual que contemple la realidad socioeconómica y climática de la Patagonia.

Consumidores: estafas y problemas financieros
En cuanto a los consumidores, la mayoría de las inquietudes correspondió a servicios bancarios y financieros, donde se destacaron las denuncias por débitos indebidos, créditos no solicitados y fallas en la atención.

Las estafas digitales representaron un 16,3% de los reclamos y se mantienen en crecimiento.
Ambiente: minería, crisis sanitaria y saneamiento
Aunque representan menor volumen que otros sectores, los temas ambientales tuvieron fuerte impacto. Santagati participó en instancias de diálogo y audiencias por proyectos mineros, pidiendo mayor transparencia y participación ciudadana.

También intervino en la crisis por influenza aviar que afectó a lobos marinos en Punta Bermeja, avalando el cierre temporal de la playa como medida preventiva.

En cuanto a agua y saneamiento, el organismo señaló problemas de infraestructura, obsolescencia y la urgencia de ejecutar obras estratégicas, especialmente en El Bolsón.

Educación: infraestructura y demandas comunitarias
El informe incluyó un relevamiento de 98 edificios escolares, donde se detectaron problemas edilicios, filtraciones, fallas de calefacción y demoras en mantenimiento.

Además, hubo reclamos por apertura de cursos y por falta de respuestas a familias y comunidades educativas.

Modernización y desafíos institucionales
El organismo destacó avances en modernización administrativa, como la implementación del sistema GDE, tableros de control, georreferenciación de reclamos y capacitaciones internas en nuevas tecnologías y servicios públicos.

También se desarrolló un nuevo sistema digital de haberes y se firmaron convenios para mejorar la eficiencia energética.

En su cierre, la Defensora remarcó que las demandas ciudadanas deben traducirse en políticas públicas más eficientes. “El desafío —señaló— es avanzar sin retrocesos en derechos fundamentales, incluso en contextos económicos complejos, y fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad”.

Concluyó diciendo que “las puertas de la Defensoría siempre están abiertas, ya que nos complace recibir a los legisladores, a tal punto que cotidianamente recibimos sus requerimientos. Trabajar de manera interinstitucional también permite garantizar derechos porque todos perseguimos el mismo objetivo: resolverle los problemas a la gente”.

Al término del informe, el vicegobernador Pedro Pesatti felicitó a Santagati y destacó que durante su alocución haya utilizado la palabra ‘compasión’, que “es mucho más fuerte que ‘empatía’, que se suele utilizar habitualmente. Recuperar el concepto de la compasión cristiana es lo que le está faltando a nuestra comunidad”.