La nueva ley dispone que todas las denuncias deberán ser recibidas inmediatamente por dependencias policiales, judiciales o administrativas, sin exigir un plazo mínimo de espera ni acreditar previamente circunstancias especiales.
La negativa o demora injustificada para tomar una denuncia será considerada una falta grave. Una vez recibida, las autoridades deberán comenzar de manera inmediata las actuaciones de búsqueda, localización y resguardo.
La activación de la Alerta Sofía tendrá que ser evaluada dentro de las tres horas posteriores a la denuncia. Podrá disponerse inmediatamente cuando exista un peligro inminente para la vida o integridad de la persona desaparecida o cuando se trate de una persona con discapacidad.
El sistema se aplicará cuando la persona buscada tenga menos de 18 años, exista una denuncia formal, se presuma un riesgo grave, haya datos suficientes para identificarla y la difusión pública pueda contribuir a encontrarla.
Las medidas iniciales incluirán la intervención del Ministerio Público Fiscal, la consulta en hospitales, dependencias policiales, terminales, aeropuertos y pasos fronterizos, junto con la revisión de cámaras públicas y privadas y la utilización de los sistemas de videovigilancia.
También se comunicarán las búsquedas a los organismos correspondientes de Neuquén, Chubut, La Pampa, Mendoza y Buenos Aires. Cuando resulte necesario, se solicitará la colaboración de fuerzas federales.
La Policía de Río Negro deberá conformar equipos especializados que podrán incluir brigadas de investigación y rurales, unidades caninas, grupos de rescate, drones, Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y organismos de emergencia.
Una vez activada, la alerta será difundida mediante redes sociales oficiales, mensajería móvil, aplicaciones, medios de comunicación, cartelería electrónica en rutas, aeropuertos, terminales y páginas oficiales. La Provincia podrá firmar convenios con empresas tecnológicas y de telecomunicaciones para enviar avisos inmediatos y geolocalizados.
La norma crea además una Mesa Provincial de Coordinación para la Búsqueda de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos y establece una línea telefónica gratuita, permanente y disponible las 24 horas.
El proyecto fue presentado por Juan Martín y acompañado por María Laura Frei, Juan Murillo Ongaro y Ofelia Stupenengo. Su objetivo es reducir los tiempos de respuesta y coordinar la intervención estatal y la colaboración ciudadana durante las primeras horas de una desaparición.
Murillo Ongaro afirmó que la iniciativa no debería generar diferencias políticas, ya que “todos estamos convencidos de que cuando se pierde un menor, el Estado tiene que poner todas las herramientas necesarias y de la manera más eficiente”.
El legislador explicó que el objetivo del proyecto no es incorporar nuevos mecanismos de búsqueda, sino organizar y coordinar los recursos existentes para hacerlos más eficaces. En ese sentido, destacó que el protocolo propone una actuación simultánea entre las distintas instituciones, en lugar del esquema secuencial que se utiliza actualmente.
“La diferencia es que con este sistema trabajan al mismo tiempo la seguridad, la Justicia, la salud, los municipios y la tecnología. No es primero una cosa, después otra y luego otra, porque eso demora la búsqueda y puede hacer que lleguemos tarde”, sostuvo.
Murillo Ongaro remarcó que, sin un protocolo unificado, cada organismo inicia la búsqueda por separado, mientras que con la Alerta Sofía “todo arranca en segundos y en simultáneo”, favoreciendo una respuesta inmediata.
También destacó el papel de la tecnología como uno de los ejes centrales del sistema, mediante la difusión geolocalizada de la información a través de redes sociales, teléfonos celulares y medios de comunicación masivos.
En ese marco, señaló que el protocolo también ayuda a ordenar la circulación de información durante la búsqueda. “Cuando desaparece un menor todos empezamos a publicar y compartir datos, pero esa sobreinformación también puede afectar la búsqueda. Con el protocolo activado, esa difusión se organiza y permite rastrear y geolocalizar mejor la información que se comparte”, explicó.
“Como el tiempo es fundamental cuando desaparece un menor, creemos que la provincia debe aprobar esta ley y ponerla en práctica cuanto antes”, concluyó al solicitar el acompañamiento del resto de los bloques legislativos.
