Según la acusación fiscal, “la imputada habría entregado tres certificados falsos, fechados el 31 de marzo, el 6 de abril y el 15 del mismo mes, todos durante el 2022, con el fin de justificar sus inasistencias”.
“La situación fue advertida por quien era su jefa en ese momento, y se inició un sumario administrativo y este legajo fiscal. A raíz de ello, se realizaron diversas diligencias, entre ellas la intervención de una perito en documentología del Gabinete de Criminalística de Viedma”, explicó el fiscal.
Como sustento probatorio, la fiscalía mencionó el sumario administrativo de la institución policial, la intervención de la Comisaría 6ta., el análisis de los certificados realizado en Viedma.
“Por un lado, están los que la imputada había entregado para justificar sus faltas, y por otro, los que fueron solicitados a la médica del hospital –con presencia policial– para realizar la comparación de firma, sello y letra”, agregó la fiscalía.
El defensor penal público que asiste a la imputada se opuso a la calificación legal, mientras que la jueza de Garantías dio por formulados los cargos tal como lo esgrimió el Ministerio Público Fiscal.
