Del total de causas, 6.690 ingresos corresponden a certificaciones de firma (29 por ciento), 4.197 corresponden a carta poder laboral (18 por ciento), 2.542 a violencia familiar y de género (11 por ciento) y 2.106 a ejecuciones fiscales (9 por ciento). Estos cuatro procesos representan el 68 por ciento de la actividad de los juzgados de Paz.

El de Bariloche fue el juzgado con mayor cantidad de trámites durante el primer semestre de 2022. Registró 2.999 nuevos expedientes. Le sigue el de Viedma con 2.136, el de Cipolletti con 1.926 y el de Roca con 1.693 trámites. La información surge del informe estadístico elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Poder Judicial.

Río Negro es una de las provincias que brinda la mayor cantidad de “puertas” a las personas que necesitan los servicios del Poder Judicial. De los 13 modos de acceso a Justicia que clasifica la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Río Negro ofrece once, entre ellos se destacan la mediación, la conciliación, las Casas de Justicia, las Oficinas de Atención a las Personas, los servicios itinerantes (integrantes del Ministerio Público que toman audiencias o brindan asesoramiento fuera de su ciudad para facilitar el acceso), los juzgados de Paz y las Oficinas de Atención a la Víctima.

Hace un tiempo que los juzgados de Paz vienen fortaleciendo su relación con la comunidad en un contexto de capacitación permanente e incorporación tecnológica.  A través de distintos mecanismos de modernización dan respuestas a la gente ante problemas simples o complejos.

Por ejemplo, una vez por año las y los representantes de los 49 organismos, también secretarios y secretarias, se reúnen en un plenario para debatir acerca del abordaje de determinados temas y definir en qué materia requieren mayor actualización.

Además de la menor cuantía, los conflictos vecinales y de las contravenciones, tienen una gran tarea en lo que hace a la violencia familiar y  juicios ejecutivos. Además intervienen en las elecciones municipales y provinciales y en las nacionales deben designar a los delegados. También colaboran con las Oficinas Judiciales Penales para la conformación de las y los jurados populares que no tienen residencia en ninguna de las ciudades cabeceras de circunscripción.