Cabe destacar que los certificados deben retirarse del lugar en el que cada productor presentó su declaración jurada de daños: las Cámaras o la Secretaría de Fruticultura.

Esta medida del Gobierno provincial beneficia a más de 960 explotaciones frutícolas, abarcando un total de 9999,56 hectáreas. La duración del presente decreto es de 18 meses a partir del 22 de noviembre del 2022 y exime total o parcialmente del pago de impuesto inmobiliario de inmuebles rurales y subrurales, del impuesto a los automotores, además de los beneficios de los organismos nacionales.

“Seguimos acompañando a los productores frutícolas con estas medidas post eventos climáticos y continuamos trabajando fuertemente en medidas de prevención, como lo son los financiamientos de malla antigranizo y riego para heladas que ha puesto a disposición nuestro Ministerio”, señaló el subsecretario de Fruticultura, Pablo De Azevedo.