Fuerte cruce entre Odarda y la empresa Mekorot en la reunión de Legislatura

 Mientras sectores del oficialismo “pidieron perdón a la empresa”, Odarda cuestionó con firmeza la presencia de Mekorot en la provincia, basándose en informes de organismos internacionales y en las obligaciones legales que el Estado rionegrino no puede delegar.

“De ninguna manera el Gobierno de Río Negro puede delegar una obligación que es propia, como es la planificación de los recursos hídricos”, afirmó Odarda, recordando que el Código de Aguas establece que esta responsabilidad debe ser ejercida por el Departamento Provincial de Aguas (DPA) y no por una empresa extranjera. Subrayó además que el estudio del plan hídrico es un conocimiento estratégico: “El agua subterránea, el agua superficial y el agua de los glaciares constituyen información sensible. Ese conocimiento no puede entregarse a empresas extranjeras. Debe quedar en manos del Estado, fortaleciendo el DPA e incorporando a las universidades nacionales y al CONICET”.

Odarda también cuestionó el carácter reservado de la reunión, a la que no se permitió el ingreso de vecinos ni se habilitó participación remota. “Ayer se conmemoraba el Día Internacional de los Derechos Humanos y la recuperación de la democracia en la Argentina, y sin embargo se les negó la palabra a los ciudadanos. Por eso trasladé muchas de las preguntas que no pudieron hacer los vecinos, como se hace habitualmente”, señaló.

La legisladora expresó su preocupación por los antecedentes internacionales de Mekorot, citando informes de Naciones Unidas. “Ayer manifesté que la ONU declaró que Israel violó la Convención para la Prevención del Genocidio aprobada en 1948. También se denunció que se utilizó como arma la retención de necesidades vitales, cortando el suministro de agua, alimentos y hasta la asistencia humanitaria”, explicó. Además recordó que la Relatoría Especial de la ONU, en su informe del 11 de julio de 2025, instó a investigar a empresas y entidades corporativas por su participación en crímenes internacionales y crímenes de lesa humanidad. “Estos antecedentes no pueden pasarse por alto cuando se decide quién interviene en la planificación del agua en nuestra provincia”, agregó.

En relación con el proceso local, Odarda reiteró que el acuerdo con Mekorot debió ser tratado por la Legislatura, conforme al artículo 181 inciso 13 de la Constitución Provincial. “Se trata de una empresa estatal extranjera. Esto convierte el contrato en un convenio internacional y exige control parlamentario. No es aceptable que se excluya a la Legislatura”, afirmó. También sostuvo que la falta de publicación del contrato, la inexistencia de audiencia pública y la ausencia de fiscales ambientales constituyen violaciones al Acuerdo de Escazú, a la Ley General del Ambiente y al Convenio 169 de la OIT.

Finalmente, Odarda insistió en que la defensa del agua es un deber indelegable del Estado. “El agua es un derecho humano y un bien común. La planificación hídrica no puede quedar sujeta a intereses corporativos externos ni a procesos que excluyen a la ciudadanía. La transparencia y el control democrático son obligaciones irrenunciables”, concluyó.