Este golpe al bolsillo de las familias trabajadoras y las pymes refleja la connivencia entre el gobierno provincial, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), EDERSA y el gobierno nacional liderado por Javier Milei.
Los aumentos, que según datos de CAMMESA promedian un 420%, no solo impactan de manera desmedida en la economía local, sino que también evidencian un modelo energético injusto e insostenible. Río Negro, como provincia productora de energía, paradójicamente paga tarifas de las más altas del país, mientras muchas familias y empresas enfrentan Pobreza Energética. Esto contradice los principios de soberanía energética y desarrollo equitativo que deberían priorizarse.
En este contexto, resulta fundamental rediscutir el rol del EPRE y analizar con detenimiento la continuidad de EDERSA como prestadora de servicios públicos. Tal como lo planteó el senador Martín Doñate, es hora de priorizar un modelo energético que responda a las necesidades de las y los rionegrinos, en lugar de ser funcional a los intereses de unos pocos.
El EPRE ha permitido que EDERSA cobre un 43% del total de la factura de electricidad, haciendo que distribuir la energía sea más caro que generarla. “Desde nuestros bloques legislativos venimos proponiendo alternativas concretas para proteger a los usuarios, como la declaración de emergencia tarifaria, la suspensión de aumentos y modificaciones al marco regulatorio para garantizar mayor participación de los usuarios. También impulsamos proyectos para limitar el costo de la factura eléctrica para sectores vulnerables y que los aumentos sean aprobados por la Legislatura”, indicaron los integrantes de esas bancadas.
“Desde nuestros espacios reiteramos la necesidad de una revisión profunda del rol del EPRE, la continuidad de EDERSA y un replanteo integral de las políticas energéticas provinciales”, agregaron.
Finalmente, reclamaron una inmediata revisión tarifaria, un debate serio sobre la prestación del servicio eléctrico y políticas que defiendan la soberanía energética y los intereses de las familias rionegrinas. “Río Negro merece un modelo justo, donde la energía sea un derecho y no un privilegio”, concluyeron.
