La legisladora Magdalena Odarda presentó una denuncia formal ante la Defensoría del Pueblo de Río Negro, solicitando la urgente intervención de la Licenciada Adriana Santagati frente a la preocupante liberación de la venta clandestina de pirotecnia en la provincia, en abierta violación a la Ley Provincial N° 5761 recientemente sancionada.
Provinciales27/12/2024
A pesar de la unanimidad con la que fue aprobada esta normativa que prohíbe la
comercialización, uso y distribución de pirotecnia de estruendo, el Ministerio de
Seguridad, a cargo del Ministro Daniel Jara, no ha implementado las herramientas
necesarias para garantizar su cumplimiento.
En su presentación, Odarda señala que la falta de controles y la inacción del Ministerio han permitido que, durante eventos deportivos y en los días previos a la Navidad, se registren alarmantes casos de venta y uso de pirotecnia clandestina en diversas localidades. Además, denuncia que hasta la fecha no se ha habilitado ni difundido la línea gratuita para denuncias prevista en el artículo 10 de la ley, dejando a la ciudadanía sin un canal formal para reportar estas infracciones. Tampoco se han comunicado a las fuerzas policiales los alcances y estrategias de aplicación de la
normativa, lo que ha derivado en una preocupante ausencia de control, decomiso de productos ilegales y clausura de locales infractores.
Odarda exige la difusión inmediata de la línea gratuita de denuncias, la implementación de controles estrictos en toda la provincia y la notificación tanto a los comercios físicos como a las empresas que, a través de plataformas online, envían
pirotecnia prohibida de manera clandestina.
Asimismo, solicita que se informe a los clubes deportivos sobre las prohibiciones vigentes para evitar el uso de pirotecnia en eventos organizados en dichos espacios y propone la convocatoria de organizaciones sociales, como familias de niños con TEA, asociaciones de jubilados y grupos de protección animal, para que aporten testimonios sobre los impactos negativos que esta problemática ha causado en sus comunidades.
La legisladora remarcó que la omisión por parte de las autoridades no solo vulnera los derechos de personas con sensibilidad acústica, como niños con TEA o adultos
mayores, sino que también pone en riesgo la seguridad y tranquilidad de toda la
población. Además, cuestionó la falta de voluntad política para aplicar sanciones
ejemplares a quienes incumplen la ley, como multas, decomisos y clausuras definitivas. "Es inadmisible que, habiendo una normativa clara, no se estén tomando
medidas concretas para proteger a las familias rionegrinas", manifestó Odarda, instando al Ministerio de Seguridad a asumir con seriedad su responsabilidad y garantizar la aplicación efectiva de la ley.
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