
En una jornada marcada por tensiones, la legisladora Magdalena Odarda protagonizó un fuerte cruce con representantes de la empresa estatal israelí Mekorot durante la reunión de la Comisión de Planificación Hídrica.
La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos junto a miembros del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro, presentaron un pedido de informe al Poder Ejecutivo de Río Negro para que brinde explicaciones sobre la grave situación que atraviesa la empresa estatal Radio Televisión Río Negro Sociedad del Estado (RTRNSE), responsable de Canal 10 y otros medios provinciales.
Provinciales23/07/2025
Uno de los puntos más alarmantes señalados es el ahogo financiero que atraviesa RTRNSE, que recibió este año un auxilio económico de $2.400 millones, lo que representa solo el 50% del presupuesto aprobado para 2025. “Estamos frente a un vaciamiento deliberado de los medios públicos, que no sólo afecta su funcionamiento, sino también la estabilidad laboral de sus trabajadores”, advirtió Odarda.
Además, la legisladora exige respuestas por el incumplimiento de las leyes provinciales 1952 y 2111, que establecen la obligación de garantizar la pluralidad de voces, el acceso democrático a la comunicación, la promoción cultural, el debate parlamentario televisado y los espacios para todos los bloques políticos.
“El Canal 10 de Río Negro ha dejado de ser un medio público para convertirse en un instrumento de propaganda bajo el gobierno de Alberto Weretilneck. Se censuran voces disidentes, se incumple la ley y se usa el canal para difundir una única línea política”, denunció Odarda.
El pedido de informe también solicita que se aclare cuáles son los medios bajo la órbita de RTRNSE, el detalle del presupuesto ejecutado, la pauta oficial recibida, el estado de las repetidoras en toda la provincia, y las razones por las que San Carlos de Bariloche no recibe la señal. Además, se exige información sobre los antecedentes del presidente de la sociedad, Fabián Galli, y sobre la existencia y funcionamiento del Consejo Asesor Editorial, obligatorio por ley.
“Los medios públicos no pueden ser voceros de un gobierno ni responder a intereses partidarios. Tienen la responsabilidad de reflejar la diversidad y fortalecer la democracia”, concluyó la legisladora.

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